9 de noviembre de 2026
Imagínese que usted va paseando por la calle y ve a alguien cometiendo un delito flagrante cerca de una comisaría, entra a avisar a los agentes y estos, cómodamente sentados en su silla, le responden: "No, mire, nosotros no podemos mirar por la ventana; tiene usted que rellenar un formulario de denuncia y esperar a que lo tramitemos".
La escena suena a comedia absurda, pero es exactamente el retrato kafkiano que dibuja la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
El marco legal es meridiano. El Real Decreto 176/2023 que regula las comunicaciones comerciales de las actividades de juego y los requisitos técnicos de los operadores, establece la obligatoriedad de ofrecer canales de atención al cliente que sean efectivos, incluyendo un número de teléfono accesible para los usuarios. La norma busca proteger al jugador, garantizar la transparencia y ofrecer una vía rápida de resolución de conflictos.
Sin embargo, basta con navegar por las páginas web de ciertos casinos online para comprobar que esta obligación se ignora de forma sistemática. No hay rastro de ningún número de teléfono, o bien ocultan el contacto tras chats automatizados, lentos y opacos.
Cualquier ciudadano puede detectar esta anomalía en apenas dos minutos: abrir el navegador, entrar en la web del casino en cuestión, ir al pie de página o a la sección de "Contacto", y constatar la ausencia del teléfono obligatorio.
Ante una infracción tan evidente y de carácter público, lo lógico, eficiente y proporcionado sería que el regulador -la propia DGOJ, dotada de inspectores, competencias sancionadoras y sueldos públicos para velar por el sector- abriera una comprobación de oficio y sancionara al infractor.
Pero la respuesta del organismo regulatorio suele ser un ejercicio de elusión de responsabilidades tan frustrante como surrealista:
Se le exige al ciudadano que interponga una denuncia formal.